La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda contra el Gobierno Nacional por la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). La acción judicial, que recayó en el Juzgado N°73 de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Nacional del Trabajo, busca frenar lo que consideran una flagrante violación de derechos laborales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.
Desde ATE denuncian la inconstitucionalidad de los artículos 8 y 9 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 115/25, que afectan directamente al Convenio Colectivo de Trabajo de los empleados de YCRT. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, estas disposiciones no solo vulneran la estabilidad laboral y el derecho a la negociación colectiva, sino que también sientan un peligroso precedente para toda la administración pública.
“El principio de progresividad de los convenios colectivos está amparado por la Constitución Nacional, por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Convención Americana de Derechos Humanos. El Presidente no tiene facultades para derogar unilateralmente el instrumento que regula las relaciones laborales dentro de la empresa”, afirmó Aguiar.
Cabe recordar que YCRT ha operado bajo diversas figuras legales a lo largo de su historia, incluso durante el intento de privatización en los años 90. Sin embargo, nunca se alteró la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo. El artículo 8 del DNU establece que el personal de YCRT pasará a estar bajo un régimen laboral de derecho privado, mientras que el artículo 9 impone un plazo de 180 días para negociar un nuevo convenio colectivo. Para ATE, esto es un intento de desregular y precarizar el empleo en la empresa estatal.
“La Justicia debe pronunciarse con celeridad porque si estos artículos siguen vigentes, los trabajadores quedarán en un estado de total indefensión. No solo es necesario declarar la inconstitucionalidad de estos artículos, sino también ratificar la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo y de todas las actas posteriores firmadas”, insistió Aguiar.
La demanda presentada por ATE argumenta que el DNU es inconstitucional y solicita la declaración de ultraactividad del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 3/75 “E”, vigente hasta que se suscriba uno nuevo mediante acuerdo libre y voluntario entre las partes.
Este nuevo capítulo en la lucha de los trabajadores de YCRT se enmarca en una ofensiva más amplia del Gobierno Nacional para avanzar en la privatización de empresas estatales y la flexibilización laboral. ATE ha reiterado su rechazo a estas políticas y advirtió que continuará con medidas de lucha para garantizar los derechos de los trabajadores.
