El secretario General de CTA y ATE Santa Cruz se refirió al avance que el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) ha logrado en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Provincial.
Con el inicio de la semana la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, brindó despacho favorable al proyecto de Ley N° 289/24 presentado por el diputado Piero Boffi (Por Santa Cruz) para la adhesión de la provincia al «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones» (RIGI), en busca de avanzar en el marco regulatorio. Entre los fundamentos exponen que “la provincia se encuentra en una posición estratégica para atraer grandes inversiones por lo que, la adhesión al RIGI representa una oportunidad crucial para potenciar el crecimiento económico, social e industrial de Santa Cruz, con una serie de beneficios fiscales y económicos destinados a fomentar la inversión en proyectos de gran envergadura, promoviendo así el desarrollo regional y la creación de nuevos puestos de trabajo».
Ante el tratamiento y avance del proyecto, Carlos Garzón, Secretario General de ATE en Santa Cruz, dejó trascender a TiempoSur su oposición a la iniciativa tratada y que avanzará en otras comisiones legislativas. “Las políticas que otorgan beneficios impositivos exorbitantes a las grandes inversiones no sólo perpetúan la concentración de poder económico en manos de unos pocos, sino que también socavan la soberanía del Estado y la capacidad de éste para proteger los intereses de la mayoría.”, sostuvo al asegurar que “estas medidas, lejos de fomentar un desarrollo equitativo, consolidan el dominio de las élites económicas, dejando al pueblo en una situación de precariedad y explotación”.
En este sentido, opinó que “en un contexto donde el Estado abdica de su rol redistributivo y protector, permitiendo que los grupos concentrados de la economía acumulen riqueza sin aportar lo que le corresponde a la sociedad, se profundiza la desigualdad y se erosiona el tejido social. El resultado es un país donde los recursos naturales y el trabajo de millones se ponen al servicio de unos pocos, mientras la mayoría enfrenta miseria y hambre.”, por lo que remarcó que “el Estado debe recuperar su rol central en la economía, interviniendo decididamente para regular los mercados, garantizar equidad y asegurar que la riqueza generada en el país se distribuya de manera equitativa. Esto implica rechazar los privilegios impositivos que se otorgan a las grandes corporaciones y poner fin a las políticas que subordinan los intereses del pueblo a los intereses de las clases dominantes”.
“Es inaceptable que mientras unos pocos disfrutan de exenciones fiscales y ganancias exorbitantes, el resto de la población vea cómo se reducen los presupuestos para Salud, Educación, y Políticas Sociales. El Estado debe ser el garante de los derechos de todos los ciudadanos, y no un simple facilitador de la acumulación de riqueza para unos pocos.”, criticó.
Por último, el referente gremial manifestó: “El pueblo merece un Estado que esté a su servicio, que defienda sus intereses y que combata con firmeza las políticas que perpetúan la explotación y la miseria. La lucha por un modelo económico más justo y equitativo es, en esencia, una lucha de clases, donde el Estado debe alinearse con los intereses de la mayoría y no con los de la élite económica”.
20 DE AGOSTO
