Hoy, en este Paro Nacional, alzamos nuestra voz no solo para exigir lo que nos corresponde como trabajadores y trabajadoras, sino también para denunciar el modelo de país que nos quieren imponer. Nos encontramos frente a un gobierno que impulsa políticas anarcocapitalistas y neoliberales, que intentan desmantelar el Estado, precarizar nuestras vidas y poner en riesgo nuestra soberanía. Este modelo económico no solo nos empobrece a la clase trabajadora, sino que ataca a la base misma del bienestar de nuestro pueblo, concentrando las riquezas en manos de unos pocos y dejando a millones de argentinos en la miseria.
El gobierno nacional, bajo la falsa premisa de la libertad, busca achicar el Estado hasta su mínima expresión, reduciendo su presencia a niveles que no garantizan ni salud, ni educación, ni seguridad. Pretenden convencernos de que la «libertad» es la desregulación, la privatización, el abandono de las políticas públicas y la entrega de nuestros recursos estratégicos a manos privadas. Pero nosotros sabemos bien que es la “libertad” de mercado, es solo libertad para que los grandes capitales aumenten sus ganancias a costa del hambre y la precarización de los trabajadores y trabajadoras.
El Estado no es el enemigo, es el único garante, con los trabajadores estatales dentro, de nuestros derechos. Tanto el Gobierno Nacional como el provincial deben saber que necesitamos un Estado fuerte, que se haga presente en cada rincón, que asegure la distribución equitativa de la riqueza y que proteja a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Rechazamos de plano cualquier intento de desmantelar las instituciones públicas y de poner al mercado en el centro de la vida económica y social de nuestro país.
¡Aumento salarial urgente y políticas públicas!
Vivimos en un contexto económico desesperante. La inflación y la falta de control del Estado al Mercado, ha destruido nuestros salarios, y nuestros ingresos ya no alcanzan para cubrir lo más básico. Mientras el costo de vida aumenta a ritmos incontrolables, los trabajadores y las trabajadoras estatales seguimos cobrando salarios insuficientes. Exigimos un aumento salarial inmediato que recupere nuestro poder adquisitivo, que permita poner fin a la pobreza creciente que nos atraviesa.
Pero no podemos hablar solo de salarios sin mencionar el contexto social en el que vivimos. Hoy más del 50% de la población argentina vive en la pobreza. Esta situación es consecuencia directa de las políticas de ajuste y recortes que el gobierno nacional viene aplicando a lo largo de los últimos meses.
Por eso es que el gobierno provincial no puede estar alejado del pueblo trabajador ante la crisis humanitaria que están atravesando nuestros jubilados, las niñeces, las mujeres y la clase trabajadora. ¡Se hace imperioso que los Gobiernos Nacional, Provincial y Municipales inyecten aumento salarial acorde a la realidad que vivimos y políticas públicas que garanticen un piso de dignidad para nuestro pueblo!
Es inadmisible que en un país y una provincia con la riqueza natural y productiva, la mitad de su población viva en la pobreza. Frente a este escenario, exigimos políticas sociales urgentes que contengan a los sectores más vulnerables y que garanticen el acceso a los alimentos. No puede ser que en nuestra Argentina, productora de alimentos para el mundo, haya millones de compatriotas que pasen hambre. El Estado debe garantizar que ninguna familia tenga que elegir entre pagar los servidos o alimentar a sus hijos. Es responsabilidad de los gobiernos implementar un plan de emergencia alimentaria, que garantice el acceso universal a alimentos básicos para todas las familias vulneradas ante la crisis.
Al mismo tiempo, exigimos la recuperación del control estatal sobre los recursos estratégicos. No podemos seguir permitiendo que nuestras tierras, nuestra energía y nuestros alimentos estén controlados por empresas privadas y capitales extranjeros. La soberanía alimentaria y energética son claves para el futuro de nuestro país, y solo un Estado fuerte, con capacidad de intervención y regulación, puede garantizar que estos recursos beneficien a todo el pueblo y no solo a un puñado de empresarios.
El ataque a las empresas del Estado es parte central del proyecto neoliberal que promueve este gobierno nacional. Repudiamos cualquier intento de privatización de nuestras empresas públicas. Los argentinos ya hemos vivido las consecuencias de las privatizaciones en las décadas pasadas: desinversión, despidos masivos y un país endeudado y dependiente. Las empresas del Estado deben ser defendidas como herramientas de soberanía y desarrollo nacional, al servicio del pueblo y no de los intereses privados.
También queremos repudiar a senadores y diputados de Santa Cruz que osan abusar del poder que les dieron los santacruceños como lo hizo Roxana Reyes que a espaldas del pueblo voto la muerte lenta para nuestros jubilados negándole un aumento salarial. Un mísero aumento salarial. Nadie que levante la mano contra los derechos adquiridos y la dignidad del Pueblo gozara del olvido.
Compañeros y compañeras, hoy más que nunca es momento de unidad y movilización. La fragmentación solo beneficia a quienes quieren vernos débiles. Es imprescindible que sigamos construyendo una lucha colectiva, que todas las organizaciones sociales y sindicales se sumen a esta batalla contra el ajuste, la pobreza y la entrega de nuestros bienes comunes. La unidad del pueblo es nuestra mayor fuerza.
Instamos a todos los trabajadores y trabajadoras, a los jóvenes, a los jubilados y a los sectores populares a reflexionar sobre el país que queremos construir. No podemos dejar en manos del mercado y las corporaciones nuestro futuro y el de nuestros hijos. Debemos continuar movilizándonos, organizándonos y exigiendo que el Estado cumpla su rol como defensor del bienestar común.
¡No nos van a callar ni doblegar! Seguiremos en pie de lucha por un país y provincia con justicia social, con salarios dignos, con soberanía sobre nuestros recursos y con políticas públicas que garanticen derechos para todos y todas.
26 DE SEPTIEMBRE 2024-Rio Gallegos
